Por Reynaldo Peguero
La historia suele advertirnos que las sociedades no siempre aprenden de sus errores. Cambian los instrumentos, evolucionan las tecnologías y se transforman las instituciones, pero con frecuencia sobreviven las mismas prácticas de intolerancia. Si la Inquisición medieval persiguió a quienes se apartaban de la ortodoxia religiosa, el siglo XXI enfrenta una nueva inquisición: la persecución sistemática de ideas, opiniones y personas que desafían los dogmas políticos, culturales o económicos dominantes.
Ya no abundan los tribunales eclesiásticos ni las hogueras públicas. En su lugar aparecen los linchamientos digitales, las campañas de descrédito, la cancelación, la manipulación informativa y las presiones institucionales para silenciar voces incómodas. Las redes sociales, que nacieron como espacios de democratización del debate, también pueden convertirse en escenarios de verdaderas cacerías de brujas ideológicas.
El filósofo Karl Popper advirtió que una sociedad abierta solo puede prosperar cuando admite la crítica y el cuestionamiento permanente. Sin embargo, cada vez resulta más frecuente que el disenso sea interpretado como una amenaza y no como una oportunidad para enriquecer el conocimiento colectivo.
Por su parte, Hannah Arendt explicó cómo los sistemas intolerantes buscan uniformar el pensamiento hasta convertir la discrepancia en un delito moral. Esa reflexión mantiene plena vigencia en un tiempo donde muchos prefieren etiquetar antes que argumentar y desacreditar antes que debatir.
Las nuevas inquisiciones no pertenecen exclusivamente a una corriente política. Se manifiestan tanto en la izquierda como en la derecha, en gobiernos, empresas, universidades, medios de comunicación e incluso organizaciones de la sociedad civil. El problema no reside en una ideología específica, sino en la pretensión de monopolizar la verdad y excluir toda visión diferente.
El riesgo aumenta cuando el miedo sustituye al diálogo. Intelectuales, periodistas, científicos, artistas y ciudadanos pueden optar por la autocensura para evitar represalias profesionales, sociales o digitales. Una democracia donde las personas callan por temor deja de ser plenamente democrática.
La planificación estratégica, el ordenamiento territorial y las políticas públicas también requieren libertad intelectual. Ningún territorio progresa cuando las decisiones se toman únicamente para satisfacer intereses coyunturales o cuando se excluyen deliberadamente propuestas por razones ideológicas. La innovación nace precisamente del contraste de perspectivas y de la capacidad de escuchar opiniones distintas.
La historia demuestra que las sociedades más creativas han sido aquellas donde floreció el pluralismo. Desde la Atenas clásica hasta los grandes centros contemporáneos de investigación e innovación, el progreso ha dependido más de la confrontación respetuosa de ideas que de la obediencia ciega.
Combatir las nuevas cacerías de brujas exige fortalecer la educación crítica, proteger la libertad académica, garantizar la independencia de los medios y promover una cultura del respeto. La discrepancia no debe verse como una amenaza, sino como un componente esencial de toda sociedad libre.
Las inquisiciones modernas ya no encienden hogueras, pero pueden destruir reputaciones, carreras, instituciones y proyectos colectivos. La mejor defensa sigue siendo la misma que inspiró a los grandes pensadores de la Ilustración: más libertad, más pensamiento crítico, más evidencia y más diálogo.
Una sociedad que castiga las ideas termina empobreciendo su inteligencia colectiva. En cambio, una sociedad que protege el derecho a pensar diferente fortalece su democracia, su capacidad de innovar y su futuro.