La cancelación de la consulta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó expuestas las diferencias entre sus aspirantes y aplazó hasta 2027 una medición de fuerzas que ya había provocado disputas por el padrón y cuestionamientos sobre su legalidad.
La falta de equipos para la votación automatizada precipitó el desenlace, pero el proceso llevaba meses acumulando tensiones internas.
Gonzalo Castillo expresó su desacuerdo con la cancelación, aunque anunció que la acatará. Francisco Domínguez Brito, quien había consultado a la Junta Central Electoral (JCE) sobre la viabilidad jurídica del mecanismo, respaldó que se respete la decisión. Francisco Javier García había cuestionado el tratamiento de más de medio millón de ciudadanos con afiliaciones múltiples, al advertir que podía afectar el resultado y favorecer a un competidor.
Las diferencias alcanzaban, por tanto, aspectos centrales de la consulta: su encaje en la legislación electoral, quiénes podían votar y las condiciones en que los aspirantes medirían su respaldo.
La cancelación deja esas controversias sin una prueba en las urnas y mantiene abierta la competencia por encabezar la candidatura peledeísta en 2028.
Una de las principales disputas internas surgió por la situación de 523,781 ciudadanos que figuraban con afiliaciones en varias organizaciones políticas y no habían sido validados para participar.
La Conap dispuso que completaran un procedimiento para confirmar su condición y habilitó una plataforma digital con ese propósito. La medida provocó los cuestionamientos de García, quien sostuvo que el manejo de ese grupo de electores podía incidir en el resultado.
La comisión rechazó que estuviera excluyendo ciudadanos del padrón y negó conocer sus preferencias por cualquiera de los aspirantes. Su respuesta, sin embargo, no eliminó la controversia sobre un universo de votantes cuyo tamaño lo convertía en un elemento relevante de la competencia.
Hasta pocos días antes de la cancelación, el partido continuaba afinando las reglas de participación, incluida la validación de las afiliaciones múltiples y la prohibición de utilizar teléfonos celulares dentro de los recintos de votación.
El anuncio de la Conap tampoco produjo una reacción uniforme entre los aspirantes.
Por Norberto Rubio