El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó este domingo la necesidad de eliminar las trabas burocráticas que, a su juicio, frenan el desarrollo inmobiliario y turístico del país.
Denunció que unos 20,000 millones de dólares en proyectos de inversión permanecen paralizados desde hace cinco años por falta de permisos de construcción.
“Yo me he reunido con algunos desarrolladores de proyectos para Punta Cana. 20,000 millones de dólares que están congelados desde hace cinco años porque no dan los permisos para construir. Eso es una infamia. Eso no debe ser. A la gente se le dice sí o no, pero no se espera cinco años para eso”, expresó Fernández.
Durante un encuentro con representantes de los sectores productivos de la provincia La Altagracia, sostuvo que la construcción es uno de los principales motores de la economía dominicana, pero advirtió que las demoras en la aprobación de proyectos afectan las inversiones, la generación de empleos y el crecimiento económico, especialmente en zonas de gran desarrollo turístico como Punta Cana.
De acuerdo con una nota de prensa, el exmandatario relacionó esta situación con el desempeño negativo del sector construcción, que, según indicó, registró una contracción de 1.8 % el pasado año. Consideró que las presuntas faltas de respuestas oportunas de las instituciones públicas limitan la capacidad del país para atraer capitales, desarrollar infraestructuras y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico.
Para enfrentar esta problemática, Fernández propuso establecer una normativa que obligue a las instituciones responsables de otorgar permisos, entre ellas los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, a responder las solicitudes dentro de un plazo determinado.
Explicó que, si las autoridades no emiten una decisión dentro de ese período, podría aplicarse el principio del silencio administrativo positivo, de modo que la falta de respuesta equivalga a una autorización.
“La norma sería: le damos un plazo del tiempo que establezcamos, cuatro meses, cinco meses, un año. Pero si no ha habido una respuesta concreta por parte de la autoridad pública, entonces el silencio equivale a autorización”, planteó. Añadió que el Tribunal Superior Administrativo sería la instancia jurisdiccional para conocer las controversias que pudieran surgir.
Fernández aclaró que agilizar los permisos debe ir acompañado de mecanismos de evaluación ambiental, protección de las áreas protegidas y preservación de los terrenos destinados a la producción agrícola y ganadera. No obstante, consideró indispensable que las autoridades establezcan reglas claras y delimiten oportunamente las zonas donde pueden desarrollarse nuevas inversiones.
El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó que los inversionistas deban esperar hasta cinco años para recibir una respuesta administrativa y advirtió que esos retrasos pueden propiciar prácticas irregulares.
Por Norberto Rubio