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La violencia, las interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia y el distanciamiento de los ciudadanos de los partidos políticos marcaron parte de la agenda informativa de esta semana. El asesinato de un taxista presuntamente vinculado a cuatro menores de edad, las dudas sobre el cumplimiento de la condena de un exdiplomático por violación sexual y los resultados de una encuesta sobre las preferencias electorales concentraron la atención pública y abrieron nuevos debates sobre seguridad, impunidad y representación política.

Fuera del país, la muerte violenta de un dominicano en Connecticut, pocos días después de asistir al funeral de su hijo, añadió un episodio doloroso a las noticias de la diáspora. En el ámbito nacional, una subasta de vehículos y otros bienes incautados despertó interés por sus bajos precios de salida. Estos acontecimientos forman parte de las informaciones más relevantes publicadas por Diario Libre durante los últimos siete días.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se negó a aclarar si el exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad, cumple las condiciones judiciales que le permiten trabajar fuera del recinto penitenciario.

La controversia surgió después de que Diario Libre recibiera informaciones según las cuales el antiguo diplomático supuestamente no estaría regresando al Centro de Privación de Libertad del kilómetro 15 de Azua, pese a las disposiciones establecidas por la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal.

El tribunal había modificado el permiso laboral del sentenciado, estableciendo que debía ingresar a prisión los viernes a las 7:00 de la mañana y permanecer recluido hasta los lunes. Durante los demás días de la semana podía desempeñar actividades en una empresa, bajo las condiciones autorizadas.

Ante las dudas sobre el cumplimiento de esa medida, el periódico solicitó información oficial el 8 de octubre. Sin embargo, la institución encabezada por Roberto Santana Sánchez rechazó ofrecer las precisiones requeridas, alegando que el medio no había demostrado una causa legítima para formular la petición.

La negativa dejó sin respuesta pública una cuestión fundamental: si las autoridades están supervisando adecuadamente el régimen concedido a una persona condenada por un delito sexual grave. El caso también plantea interrogantes sobre la transparencia del sistema penitenciario y el acceso ciudadano a información de interés público.

Nelson Manuel Batista, un dominicano de 48 años residente en Connecticut, murió de un disparo en Bridgeport pocos días después de regresar de California, donde había asistido al funeral de su único hijo varón, un militar de 25 años. Su asesinato provocó una nueva tragedia para una familia que todavía enfrentaba el duelo por aquella pérdida.

El hombre fue encontrado herido junto a su vehículo en Cottage Street, próximo a Park Avenue, alrededor de las 9:00 de la mañana del 12 de octubre. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital St. Vincent, donde posteriormente falleció.

De acuerdo con declaraciones de sus familiares al medio estadounidense News 12, Batista tenía una discapacidad y se dirigía a buscar medicamentos para controlar su presión arterial. Sus allegados sostienen que el incidente ocurrió después de una discusión aparentemente menor con otro individuo.

Por Norberto Rubio

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