La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuyó a una estructura integrada por empleados y exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares la ejecución de 4,363 autorizaciones fraudulentas por un monto de 41,125,551.02 pesos.
La acusación aparece en la solicitud de medida de coerción del caso Cobra 2.0, depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados y la declaratoria de complejidad del proceso.
Las operaciones investigadas abarcan desde el 28 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2025. Senasa denunció las irregularidades el 28 de noviembre de 2024, luego de detectar autorizaciones para consultas, cirugías menores y otros procedimientos ambulatorios que no eran reconocidos por los afiliados.
La Pepca presenta como principal articulador del entramado a Ángel Luís Guzmán Vásquez, quien trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Según el expediente, utilizó sus conocimientos sobre los protocolos internos para obtener información de afiliados y gestionar autorizaciones falsas.
Guzmán Vásquez no figura entre las personas incluidas en esta solicitud porque ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Fue arrestado el 24 de abril de 2026 cuando, pese a conocer que era investigado, presuntamente intentaba abandonar el país.
De acuerdo con la Pepca, los operadores accedían a datos personales y sensibles de afiliados, principalmente personas con poco historial de utilización del seguro.
Después llamaban al centro de atención de Senasa y solicitaban autorizaciones utilizando nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, pero suministraban códigos auténticos de médicos vinculados al grupo.
Con las autorizaciones aprobadas, se elaboraban formularios con diagnósticos, consultas y procedimientos inexistentes. Las firmas de los afiliados eran falsificadas y los médicos colocaban sus firmas, sellos y códigos de prestadores para otorgar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
Las auditorías identificaron consultas ginecológicas facturadas a nombre de hombres, expedientes sin historias clínicas ni descripciones quirúrgicas y formularios con tachaduras, enmendaduras, teléfonos incorrectos y otras irregularidades.
Los afiliados entrevistados negaron haber solicitado o recibido los servicios, desconocieron a los médicos y afirmaron que nunca acudieron a los centros donde supuestamente fueron atendidos.
Por Norberto Rubio