Esta semana me hizo llegar Josefina Navarro, del Banco BHD, las reflexiones que Luis Molina Achécar compartió ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Agradecí el gesto porque el texto pone sobre la mesa una conversación que el país necesita: cómo sostener en las próximas décadas el progreso que hemos construido y qué debemos hacer diferente para conseguirlo. Más que detenerme en las cifras, hubo una idea que permaneció conmigo: la República Dominicana ha recorrido una etapa extraordinaria de crecimiento y transformación, pero las condiciones que nos permitieron llegar hasta aquí no necesariamente serán suficientes para alcanzar la próxima frontera del desarrollo.
Molina Achécar reconstruye una parte importante de nuestra historia reciente. Recuerda la crisis económica de 1990, el Pacto de Solidaridad Económica, las reformas tributarias, arancelarias, financieras y cambiarias; posteriormente, el Pacto por la Democracia y las transformaciones institucionales que siguieron. Su tesis es que el crecimiento dominicano no apareció espontáneamente: hubo inversión, reformas, instituciones y, en momentos decisivos, capacidad de concertación entre sectores diferentes. También formula una advertencia: alcanzado determinado nivel de ingreso, continuar creciendo exige mucho más que seguir haciendo lo que funcionó anteriormente. Productividad, innovación y nuevas tecnologías pasan a ocupar un lugar central.
Comparto esa preocupación, pero creo que debemos agregar una dimensión a la conversación: la productividad de un país no depende solamente de la productividad de sus empresas. También depende de la productividad de sus instituciones.
Una empresa que incorpora tecnología, simplifica procesos, desarrolla capacidades y aprende de sus resultados puede producir más y mejor. El Estado enfrenta un desafío equivalente. Una institución pública que obliga al ciudadano a realizar trámites innecesarios, mantiene procedimientos que podrían simplificarse, no comparte información con otras dependencias, tarda excesivamente en responder o mide su desempeño por actividades en lugar de resultados también genera costos. No siempre aparecen en una factura, pero alguien los paga: el ciudadano con su tiempo, las empresas con incertidumbre y la sociedad con oportunidades perdidas.
Por eso debemos ampliar nuestra conversación sobre productividad. Durante años la hemos asociado principalmente con producción, capital, trabajo y tecnología. Todo ello continúa siendo fundamental. Pero existe también una productividad institucional: la capacidad del Estado para transformar recursos públicos, normas, conocimiento y trabajo de sus servidores en resultados verificables para las personas. No se trata simplemente de gastar menos. Una institución puede reducir su presupuesto y funcionar peor. Se trata de conseguir que cada peso, cada procedimiento y cada hora de trabajo público produzcan mayor valor para la sociedad.
Esta discusión conecta con otra de las ideas planteadas por Molina Achécar: el capital social. Su reflexión recupera la importancia de la confianza, la cooperación y la capacidad de construir consensos para explicar algunos de los avances dominicanos de las últimas décadas. Pero esa relación puede mirarse también desde el otro lado. La confianza no es solamente un atributo cultural que las instituciones reciben de la sociedad. Las instituciones también producen —o destruyen— confianza mediante su funcionamiento cotidiano.
Un ciudadano construye su percepción del Estado cada vez que solicita un servicio, presenta una reclamación, busca información, espera una respuesta o intenta comprender un procedimiento. Allí se juega una parte de la legitimidad institucional. Cuando encuentra reglas claras, respuestas oportunas y servidores capaces de orientarlo, aumenta la confianza. Cuando encuentra silencio, duplicidades, discrecionalidad o un recorrido interminable entre oficinas, ocurre lo contrario. La confianza institucional no se decreta: se construye experiencia por experiencia.
Lo he comprobado recorriendo el territorio. Muchas veces el ciudadano no comienza reclamando una gran reforma. Pregunta algo mucho más sencillo: quién puede resolver su problema. Y detrás de esa pregunta aparecen con frecuencia las dificultades de coordinación del propio Estado. Una institución posee una parte de la respuesta; otra tiene la competencia; una tercera dispone de la información. Para el organigrama son entidades distintas. Para la persona que necesita una solución, todas son el Estado.
Ahí encuentro una de las reformas menos discutidas y posiblemente más transformadoras: pasar de un Estado organizado principalmente alrededor de sus estructuras a otro capaz de organizarse también alrededor de la experiencia del ciudadano. El primero pregunta qué institución tiene la competencia. El segundo, sin abandonar esa competencia, pregunta además qué recorrido debe realizar una persona para ejercer efectivamente su derecho. Parece una diferencia pequeña. En realidad, modifica profundamente la gestión pública.
La tecnología y la inteligencia artificial harán esta discusión todavía más urgente. Molina Achécar identifica la adopción tecnológica como uno de los grandes desafíos para la competitividad dominicana. Pero digitalizar un procedimiento deficiente no lo convierte automáticamente en uno bueno. Podemos trasladar una burocracia del papel a una pantalla y continuar obligando al ciudadano a recorrer el mismo laberinto, ahora mediante contraseñas y formularios electrónicos. La transformación digital debe comenzar por transformar el proceso, no solamente su soporte.
Por Norberto Rubio