Reynaldo Peguero, [email protected]
Se prohibió hace 87 años por la ley 1474-38, edificar cualquier estructura en los márgenes de 30 metros en ambos lados de las vías.
Con la actual inversión pública de 18 mil millones de pesos, en autopista Santiago-Santo Domingo, se contabilizan más de 100 negocios irregulares con peligrosos y atractivos letreros.
Violar la ley y además propiciar un crimen de Estado, es aprobar paradores de comida, estaciones de gasolina, plazas comerciales o cualquier estructura, encima de los márgenes de la autopista Duarte y cualquier vía primaria.
La red vial acumula 5,403 kilómetros lineales de vías primarias. Conectividades donde INTRANT va a ganar o perder la batalla contra la inseguridad vial.
Estudios indican que el Estado dominicano invierte en vías el doble de cualquier nación latinoamericana. Parte del empresariado aprovecha esta oportunidad y coloca miles de millones de pesos en negocios construidos casi encima de las autopistas.
Hacia esos comercios, van y vienen sin control, millones de motoristas. Para adquirir alcohol, sustancias y otros productos, se mueven a diario 3.5 millones de motocicletas que conforman parte del parque vehicular nacional.
Son responsables de esta violación, interpelables por el Congreso y sometibles a la justicia, cientos de empresarios irredentos, alcaldías municipales, ministerio de industria y comercio (MICM) y la unidad de control de derecho vial (CODEVIAL) del ministerio de obras públicas.
Esta última entidad demolió a nivel nacional en 2024, 1,132 obras violatorias, pero sus mandarrias fueron insuficientes porque derrumbaron apenas una parte, olvidándose de los grandes comercios cuyos dueños lucen felices con la masa monetaria que circula por sus manos.
Se precipitan así, severos y mortales accidentes de los 3,100 siniestros que anualmente se producen. Decenas de miles de víctimas fatales y heridos que consumen en clínicas y hospitales, más de RD$ 4,650 millones de pesos en politraumatizados.
Es ilusión óptica de redes sociales, pretender que “giros a la izquierda”, y un nuevo horario de entrada y salida del trabajo en Santo Domingo, ayude en algo al control de los mortales accidentes de tránsito.
Un componente es la congestión del tránsito y otro la seguridad vial que arrojó en 2024, 3,114 personas fallecidas por accidentes para una tasa de 34.6 por 100 mil personas, dos veces más alta que América Latina y cinco veces más que Unión Europea.
El Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Territorial (ViOTDR), aliado al INTRANT, MOPC, Ayuntamientos y Liga Municipal, harían una significativa contribución si con la ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, imponen sanción y organización de este caos.