República Dominicana no está en guerra. No enfrenta la destrucción de sus escuelas por un conflicto armado ni atraviesa un colapso institucional como otros países evaluados por la prueba PISA 2025. Sin embargo, alumnos de algunas de esas naciones consiguieron mejores resultados que los dominicanos.
El contraste obliga a mirar más allá de las explicaciones coyunturales. Este país obtuvo 361 puntos en Ciencias, 346 en Lectura y 339 en Matemáticas. En cambio, las regiones ucranianas incluidas en la evaluación alcanzaron 448 puntos en Ciencias, 418 en Lectura y 431 en Matemáticas.
Al promediar las tres áreas, el 69.3 % de los estudiantes dominicanos quedó por debajo del nivel 2, mientras ninguno alcanzó los niveles 5 y 6.
El problema, entonces, no parece encontrarse solo en las circunstancias que rodean a la escuela, sino también en lo que ocurre dentro del sistema educativo. Para David Capellán, representante del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y Luisa Taveras, rectora del CEF.- Santo Domingo, estos resultados deben asumirse sin buscar culpables inmediatos.
“No logramos lo que tenemos que lograr en educación y no hay que ruborizarse por hablar llanamente de eso y hacer una interpretación que nos duela”, refiere Capellán.
Los estudiantes evaluados tienen 15 años y, por tanto, sus puntuaciones responden a una trayectoria educativa acumulada. Taveras considera que no corresponde atribuirlos solo a una gestión gubernamental, sino a una cadena de decisiones que el país tomó a lo largo de los años.
“Si la culpa no está en la escuela, si no está en el sistema, si la responsabilidad no está en el maestro, si nadie es responsable. ¿Quién es la gente que resolverá el problema?”, cuestiona.
La consecuencia, plantea Taveras, debería ser un sentido de urgencia para tomar decisiones aun cuando sus frutos no puedan verse ahora en PISA.
La discusión sobre estas notas conduce a cuestionarse sobre lo qué ocurrió con los recursos destinados a la educación. Entre 2010 y 2012, las sombrillas amarillas de la Coalición Educación Digna se convirtieron en símbolo de la demanda ciudadana por el cumplimiento del 4 % del PIB para la educación preuniversitaria. La movilización consiguió elevar la inversión pública en el sector.
Para 2026, el Ministerio de Educación maneja la segunda mayor partida del presupuesto del Gobierno Central. A esto se suman programas como la alimentación y entrega de útiles escolares y el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, además de las medidas dirigidas a mejorar las condiciones de los docentes.
Por Norberto Rubio