CONTEXTO
Santiago de los Caballeros y la República Dominicana han sido sorprendidos por el anuncio preliminar de un supuesto pacto denominado “Santiago Ciudad Viva 2035”, presentado de manera escueta en medios de comunicación y sin que hasta el momento se conozcan los documentos técnicos, diagnósticos, evaluaciones institucionales ni fundamentos metodológicos que justifiquen su creación.
Diversos sectores provenientes de las organizaciones de base vinculadas históricamente al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) expresan preocupación ante una iniciativa que, lejos de fortalecer la institucionalidad construida durante más de tres décadas, podría generar duplicidades, conflictos de competencias y una preocupante fragmentación de los procesos de planificación territorial.
PROBLEMAS
La primera interrogante surge de la propia denominación del proyecto. ¿Qué significa exactamente una “Ciudad Viva”? ¿Acaso Santiago ha sido una ciudad muerta, inmóvil o desconectada de su evolución histórica? La expresión posee una evidente fuerza comunicacional, pero carece de reconocimiento como categoría técnica dentro de los principales organismos internacionales especializados en desarrollo urbano. Ni ONU-Hábitat, ni el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ni el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), ni la CEPAL utilizan dicha categoría como instrumento de planificación.
Autores de referencia en planificación urbana como Jordi Borja, Manuel Castells, Sergio Boisier, Joan Subirats o el propio Tony Puig han insistido en que las ciudades requieren visiones compartidas sustentadas en procesos institucionales acumulativos y no en conceptos publicitarios desprovistos de indicadores verificables.
En segundo lugar, resulta preocupante que la iniciativa no haya explicado su relación con los principales instrumentos oficiales actualmente vigentes para Santiago, entre ellos el Plan Estratégico Santiago 2030 (PES 2030), el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago (POTSA), el Plan de Resiliencia Urbana y Climática, así como los demás instrumentos derivados de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Toda nueva propuesta debería iniciar presentando una evaluación técnica de los avances, limitaciones y resultados alcanzados por dichos instrumentos. La planificación moderna no consiste en sustituir planes vigentes por nuevas etiquetas, sino en garantizar continuidad institucional, aprendizaje acumulado y mejora permanente.
Asimismo, llama la atención que el denominado pacto pretenda “institucionalizar” la planificación de largo plazo mediante la elaboración de un supuesto Plan Integral de Desarrollo Urbano 2035 sin que exista, hasta donde se conoce públicamente, una evaluación formal del PES 2030 ni una articulación explícita con la Estrategia Meta 2036 y los demás instrumentos estratégicos existentes.
Otro elemento que genera interrogantes es la inesperada reaparición del CEUR como actor central del proceso, luego de décadas de limitada participación en la dinámica institucional de Santiago. La experiencia académica siempre resulta bienvenida; sin embargo, su incorporación debe explicarse dentro de una arquitectura institucional clara y transparente.
MARCO INSTITUCIONAL
En tercer lugar, preocupa que una consultora privada parezca asumir funciones que históricamente han correspondido a la Oficina Técnica Coordinadora y al CDES y a cuatro comisiones técnicas de más de 300 instituciones, organismos respaldados por diversas ordenanzas municipales, entre ellas las números 3240-19 y 3251-19. La experiencia internacional demuestra que las consultorías pueden aportar conocimiento especializado, pero jamás sustituir las competencias institucionales ni los mecanismos permanentes de gobernanza urbana.
Finalmente, cualquier nueva metodología deberá demostrar su coherencia con la Ley 368-22, sus reglamentos de aplicación, las metodologías promovidas por el Ayuntamiento de Santiago, las buenas prácticas de ONU-Hábitat, los lineamientos de CIDEU y los estándares internacionales de gobernanza territorial.
La verdadera discusión no es si Santiago necesita una nueva marca, un nuevo eslogan o una nueva narrativa. La cuestión fundamental es si estamos fortaleciendo la institucionalidad construida durante décadas o si, por el contrario, asistimos a un proceso de debilitamiento de las capacidades técnicas y del liderazgo institucional del Ayuntamiento y del CDES.
CONCLUSIÓN
Las grandes ciudades del mundo avanzan cuando consolidan instituciones, acumulan conocimiento y respetan los procesos participativos. Retroceden cuando sustituyen la planificación por la improvisación, la evidencia por el marketing y la institucionalidad por iniciativas paralelas carentes de legitimidad técnica y social.
Santiago merece respuestas claras, documentos públicos, evaluaciones transparentes y una discusión abierta sobre el futuro de su territorio. Lo contrario podría representar no una innovación metodológica, sino un preocupante retroceso en la gobernanza urbana y en la tradición de planificación estratégica que durante décadas ha distinguido a la ciudad como referente nacional e iberoamericano.