¡Sistema judicial debe volver a sus esencias!
Reynaldo Peguero [email protected]
Las fuerzas vivas de la nación y los magistrados de la Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Procuradores del Ministerio Público, debieran poner su gestión en contexto. Lo mismo consideramos, para los sempiternos y razonables aspirantes.
Estudiar los gravísimos sucesos dónde nacieron o se consolidaron estas instituciones. La peligrosa coyuntura de 1994 casi provocó una segunda guerra civil, pero articuló las bases de gobernabilidad que caracterizan el sistema judicial.
Los reportes del embajador John Graham, jefe de misión OEA, Stephen Solarz del Instituto Nacional Democrático, New York Times y Washington Post aportaron evidencias contundentes. Luego compiladas, ampliadas y analizadas, por esa pluma y voz de autoridad que constituye Juan Bolívar Díaz, con su libro «Trauma Electoral».
Además de consolidar el sistema judicial; los resultados fortalecieron la Fundación Institucionalidad y Justicia, fundada en 1990, Participación Ciudadana, creada en 1993 y al Comisionado de Apoyo la Reforma Judicial en 1996.
Además, con el apoyo del pasado presidente de la Suprema Corte y actual Consultor Jurídico, Subero Isa, se facilitó que el primer Plan Estratégico dominicano, Santiago 2000, realizara un análisis del sistema judicial nacional y local, relacionado al ordenamiento territorial y gobernabilidad.
Jueces y fiscales de entonces, entrevistados en privado, resaltaban la centralización, burocratismo y corrupción como principales debilidades del sistema.
El actual sistema judicial surgió para resolver un fraude electoral demostrado. Una adulteración que cercenó las posibilidades del PRD y Peña Gómez, de ocupar el poder político, pero, paradójicamente, desencadenó la modernización institucional cuyos resultados disfrutamos hoy.
La suma asignada al sector justicia (Poder Judicial y Procuraduría General) y la Junta Central Electoral en el presupuesto del estado 2026, asciende a RD$38 mil, 895 millones. Monto necesario para mantener el sistema judicial en curso. Financiamiento para alrededor de 400 fiscales, 600 jueces y 7,253 servidores judiciales. También 11 palacios de justicia, 35 fiscalías, 169 Oficialías del Estado Civil y 158 Juntas Electorales Municipales.
Igualmente, para mantener y construir nuevas edificaciones, adquirir vehículos, obtener equipamiento para tribunales y fiscalías; imprimir cédulas de identidad, financiar elecciones, adquirir escáneres, y otras inversiones y gastos que se efectúan en el sistema judicial.
Hace 20 años, BID reportó proyectos de reforma judicial, que obtuvieron préstamos y asistencia en América Latina por US$500 millones. La Unión Europea (UE) hizo lo propio.
El sistema judicial debe reencontrarse con sus esencias: profesionalidad, independencia, institucionalidad, transparencia y servicio público. Solo así podrá preservar las conquistas alcanzadas y prevenir conflictos que impidan ampliar la modernización lograda.
Es momento de volver al rigor judicial, a las decisiones eficientes y bien fundamentadas en la esencia de la ley. Es coyuntura para ampliar el acceso a los servicios judiciales, vía programas de casas comunitarias y de asesoría legal barrial.