Santo Domingo, República Dominicana.— El Colectivo de Investigadores y Consultores Strategius advirtió que República Dominicana enfrenta un desafío crítico: la población está envejeciendo mucho más rápido que la capacidad institucional para garantizar una seguridad social integral, suficiente y sostenible.
El problema ya no puede reducirse a empleo, cotizaciones y pensiones para quienes están en edad laboral. El verdadero reto consiste en construir un sistema capaz de proteger a las personas durante todo el ciclo de vida y, especialmente, durante las décadas posteriores a los 65 años.
Strategius señaló que la CEPAL documenta una transición demográfica avanzada en América Latina y el Caribe, caracterizada por descenso de la fecundidad y mortalidad, mayor longevidad y crecimiento acelerado de la población adulta mayor. En 2024, las personas de 65 años y más representaban aproximadamente el 9.9% de la población regional y podrían alcanzar el 18.9% en 2050. Es decir, su peso relativo prácticamente se duplicaría en apenas 26 años.
Para Reynaldo Peguero, CEO de Strategius, esta transformación revela una contradicción fundamental: la demografía del siglo XXI está cambiando mucho más rápido que las instituciones creadas para responder a ella.
Durante décadas, los sistemas de seguridad social fueron diseñados para sociedades predominantemente jóvenes, con familias numerosas, mayor participación laboral formal y una expectativa de vida menor. Hoy existen menos nacimientos, más longevidad, hogares más pequeños, elevada informalidad laboral y una creciente cantidad de personas que vivirán 20, 25 o 30 años después de jubilarse.
Por eso, resulta insuficiente continuar tratando los 65 años como una frontera administrativa. La vida no termina a los 65, ni desaparecen las necesidades de protección social. Por el contrario, pueden aumentar los requerimientos de medicamentos, atención médica, rehabilitación, vivienda adaptada, movilidad, alimentación, asistencia personal y cuidados de larga duración.
Strategius considera especialmente preocupante que una pensión pueda ser presentada estadísticamente como cobertura cuando resulta económicamente insuficiente para garantizar una vida digna. Según datos citados por CEPAL y OPS, en 2022 el 42% de las mujeres y el 39% de los hombres de 65 años y más recibían pensiones insuficientes; entre las personas del quintil de menores ingresos, la proporción llegaba al 77%.
Una pensión insuficiente no constituye seguridad social plena.
Y esta realidad adquiere mayor gravedad cuando la pensión debe cubrir alimentación, vivienda, transporte, servicios básicos, medicamentos y cuidados durante una etapa en la que disminuyen las posibilidades de generar ingresos mediante el trabajo.
Para Strategius, República Dominicana debe asumir con mayor sentido crítico las debilidades estructurales de su Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Los sistemas contributivos dependen de empleos formales y cotizaciones regulares, mientras la informalidad y la precariedad laboral reducen las posibilidades de acumulación de derechos.
Esto genera una paradoja social inaceptable: una persona puede trabajar durante cuatro décadas y llegar a la vejez sin protección suficiente porque buena parte de su trayectoria laboral transcurrió en una economía que el Estado no logró formalizar plenamente.
El sistema no puede limitarse a responsabilizar al trabajador por las consecuencias de una estructura laboral informal. La seguridad social debe responder también por las condiciones económicas e institucionales que determinan quién puede cotizar, cuánto puede cotizar y durante cuánto tiempo.
Strategius advierte además que el país corre el riesgo de tener una seguridad social relativamente preparada para administrar pensiones, pero insuficientemente preparada para financiar y organizar la vida de una sociedad longeva.
El envejecimiento exige integrar pensiones con salud preventiva, cuidados de larga duración, prevención de la dependencia, vivienda adecuada, movilidad, autonomía personal, inclusión digital, recreación y participación social. Ya en el Plan Estratégico de Salud PLANDES 2030, Strategius había advertido sobre el crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y la presión futura sobre los servicios de salud y cuidados.
Existe otro problema decisivo: el modelo familiar tradicional tampoco podrá absorber indefinidamente estas responsabilidades. Hay menos hijos, hogares más pequeños, mayor movilidad territorial y una creciente participación femenina en el mercado laboral. La familia continuará siendo fundamental, pero no puede convertirse en el sustituto permanente de una política pública de cuidados.
Por ello, Strategius sostiene que el Congreso Nacional debe asumir con urgencia las reformas pendientes y superar una visión fragmentada de la seguridad social. No se trata únicamente de discutir edad de jubilación, cotizaciones o fórmulas de cálculo de pensiones. Hay que definir qué significa realmente estar protegido cuando una persona puede vivir varias décadas después de retirarse.
La seguridad social dominicana debe transformarse en una auténtica política de ciclo de vida, articulando educación, empleo decente, salud preventiva, vivienda, protección familiar, ahorro, pensiones y redes de cuidado.
América Latina todavía dispone de una ventana de oportunidad, pero se está cerrando. La población en edades laborales continuará siendo numerosa durante algunos años, mientras el grupo de 15 a 64 años alcanzaría su máximo alrededor de 2041.
Cada año de postergación aumenta el costo futuro para el Estado, las familias, las empresas y las propias personas mayores.
El desafío dominicano es todavía mayor porque el país, como buena parte de América Latina, está envejeciendo sin haber alcanzado los niveles de riqueza, formalización laboral y consolidación de un Estado de bienestar que caracterizan a otras sociedades envejecidas.
Strategius considera, por tanto, que no reformar profundamente la seguridad social equivale a trasladar una factura cada vez mayor a las próximas generaciones.
La pregunta ya no es si República Dominicana tendrá una población envejecida. Eso es inevitable. La pregunta es si tendrá instituciones capaces de garantizar que envejecer no signifique pobreza, dependencia, exclusión o abandono.
La seguridad social dominicana necesita dejar de administrar el envejecimiento del presente y comenzar a construir la protección social de la sociedad longeva que ya está llegando.