República Dominicana.– El Colectivo de Investigadores y Consultores STRATEGIUS expresó su respaldo a las observaciones formuladas por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) respecto a la aprobación acelerada de una nueva modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que una reforma de esta naturaleza debe sustentarse en evidencia científica, análisis de impacto regulatorio, consultas amplias y procesos de concertación con los sectores involucrados.
La entidad entiende que la declaratoria de urgencia y la rápida aprobación de una nueva reforma generan preocupación institucional, particularmente porque la Ley 225-20 aún no ha alcanzado una implementación plena y ya había sido modificada mediante la Ley No. 98-25. Desde la perspectiva de la gobernanza pública, las reformas sucesivas antes de evaluar los resultados de una política reducen la estabilidad normativa, incrementan la incertidumbre jurídica y dificultan la planificación de las inversiones públicas y privadas.
STRATEGIUS recuerda que los organismos internacionales especializados en gestión ambiental y economía circular, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, recomiendan que las reformas regulatorias se fundamenten en evaluaciones técnicas, análisis costo-beneficio, medición de impactos económicos y ambientales y amplios procesos participativos con los actores sociales y productivos.
Asimismo, el colectivo considera legítima la preocupación expresada por las Asociaciones Sin Fines de Lucro, las cuales han advertido que los nuevos esquemas de contribuciones podrían afectar significativamente su sostenibilidad financiera y limitar recursos destinados a programas sociales, educativos, culturales y comunitarios.
Santiago: un referente nacional que merece ser escuchado
STRATEGIUS llama la atención sobre el hecho de que Santiago de los Caballeros, reconocido durante años como uno de los principales referentes nacionales en materia de gestión integral de residuos sólidos, tampoco haya sido incorporado de manera significativa al proceso de discusión de esta reforma.
La experiencia desarrollada en Santiago constituye un laboratorio de políticas públicas exitosas gracias al trabajo articulado entre el Ayuntamiento de Santiago, el sector empresarial, las universidades y diversas organizaciones de la sociedad civil. En este proceso ha desempeñado un papel importante el Centro de Innovación Local para la Planificación Estratégica y el Desarrollo Sostenible (CILPEN Global), promoviendo modelos de planificación territorial, gobernanza colaborativa, sostenibilidad urbana y fortalecimiento institucional.
El modelo santiaguero demuestra que los avances en materia de residuos no dependen únicamente del incremento de contribuciones económicas, sino de una combinación de planificación estratégica, fortalecimiento institucional, educación ciudadana, innovación tecnológica, alianzas público-privadas y mecanismos permanentes de participación social.
Por esa razón, STRATEGIUS considera que las experiencias acumuladas por Santiago representan un importante patrimonio técnico que debió ser considerado antes de aprobar modificaciones con impacto nacional.
Preocupan incrementos desproporcionados
El colectivo reconoce como positiva la revisión de las escalas aplicables a empresas con ingresos de hasta RD$1,000 millones. Sin embargo, comparte la preocupación expresada por la ACIS respecto a los incrementos contemplados para las categorías superiores, cuyos aumentos alcanzan aproximadamente un 554 % y 1,054 % con relación al régimen originalmente establecido por la Ley 225-20.
Desde la economía ambiental y la teoría tributaria, incrementos de tal magnitud pueden generar efectos no deseados sobre la competitividad empresarial, reducir la capacidad de inversión, afectar la generación de empleos formales y disminuir incentivos para nuevas inversiones nacionales y extranjeras.
Las políticas ambientales modernas procuran equilibrar simultáneamente tres objetivos: protección ambiental, sostenibilidad económica y equidad social. Cuando alguno de estos componentes pierde balance, disminuye la eficacia de la regulación.
Aplicar el principio de “quien más contamina, más paga”
STRATEGIUS coincide con la posición de la ACIS de que las contribuciones ambientales no deberían calcularse exclusivamente en función del volumen de ingresos de las empresas.
La literatura internacional recomienda incorporar variables objetivas relacionadas con la generación efectiva de residuos, el tipo de actividad económica, el impacto ambiental, el volumen producido, la intensidad del uso de recursos naturales y las dimensiones físicas de las instalaciones industriales o comerciales.
En consecuencia, el colectivo considera pertinente evaluar indicadores como:
- cantidad real de residuos generados;
- nivel de reciclabilidad;
- peligrosidad de los residuos;
- superficie construida destinada a la actividad productiva;
- intensidad ambiental de cada sector económico;
- cumplimiento de programas de reducción, reutilización y reciclaje.
Este enfoque responde al principio universal de “quien más contamina, mayor responsabilidad asume”, ampliamente reconocido en la legislación ambiental comparada y en los acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible.
Llamado al diálogo nacional
Finalmente, STRATEGIUS exhorta al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y a todos los sectores involucrados a abrir un proceso amplio de diálogo técnico y social que permita construir una legislación moderna, equilibrada y consensuada.
Una reforma de esta trascendencia debe fortalecer la economía circular, proteger el medio ambiente, garantizar seguridad jurídica, promover la competitividad nacional y preservar la confianza entre el Estado, el sector productivo y la ciudadanía.
Para STRATEGIUS, la calidad de una ley no se mide por la rapidez con que se aprueba, sino por la solidez de la evidencia que la sustenta, la amplitud del consenso alcanzado y su capacidad para generar bienestar económico, social y ambiental de manera sostenible.