Las autoridades de los organismos de seguridad optaron, una vez más, por el silencio y la suspensión de la rueda de prensa que se celebra cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional, tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, en medio de cuestionamientos por el informe de la ONU sobre el contrabando de municiones del Ejército y la Policía dominicana que han terminado en manos de pandillas haitianas.
La titular de Interior y Policía, oficiales de las Fuerzas Armadas, y Procuraduría entre otros funcionarios, abandonaron el lugar con paso apresurado, sin responder a las preguntas sobre el origen de esas balas tras el encuentro encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Sin embargo, no es la primera vez que evaden a los periodistas ante asuntos de interés público. Cuando un tema ocupa la agenda pública y genera interrogantes hacia los organismos del Estado, sus representantes optan, en ocasiones, por retirarse sin ofrecer explicaciones ni responder a las interrogantes.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dejó la reunión rumbo al acto del inicio de antorcha de los IV Juegos Mundiales de Policías de la USIP realizada en la explanada de la institución.
Su equipo de seguridad tardó apenas segundos en sacarla de la zona, lejos de los reporteros que esperaban para preguntarle por el caso.
Por la misma ruta salieron los mandos del Ejército y de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional, Rafael Ernesto García Rodríguez, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó que la banda 400 Mawozo ha usado de forma reiterada municiones destinadas originalmente al Ejército y a la Policía Nacional dominicana en las que figuran cartuchos calibre.50, de uso militar, capaces de atravesar blindajes.
Hasta ahora, la única reacción oficial ha venido del Ministerio de Defensa, quien mediante un comunicado sostuvo que la coincidencia de calibres, marcas o características con material adquirido legalmente por el país no prueba, por sí sola, una transferencia autorizada por las instituciones militares.
Aseguró además que mantiene comunicación con la Cancillería para responder al Consejo de Seguridad.
El expediente de la ONU recoge otro caso con raíces en el país que data de junio de 2025, cuando las autoridades detuvieron en Santo Domingo a tres hombres que intentaban comprar un dron para Johnson André, alias Izo, jefe de la banda 5 Segond.
Por Norberto Rubio