La larga confrontación del presidente Donald Trump con los medios de comunicación estadounidenses entró este lunes en una nueva fase: CNN, MS NOW y Politico llevaron a los tribunales su expulsión de la Casa Blanca y plantearon una batalla que toca directamente dos garantías de la Constitución de Estados Unidos: la libertad de prensa y el debido proceso.
Los tres medios presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que sus periodistas fueran impedidos de entrar al complejo presidencial y sus acreditaciones quedaran desactivadas. Solicitaron además una orden temporal que les permita recuperar el acceso mientras se decide el fondo del litigio, según indicaron medios internacionales.
La decisión había sido anunciada el viernes por el propio Trump, quien justificó el veto por lo que calificó como cobertura de “noticias falsas”. El sábado, periodistas de las tres organizaciones comprobaron que ya no podían ingresar a la Casa Blanca. Trump no identificó entonces una información específica como causa de la sanción y advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte.
Este lunes, después de conocerse la acción judicial, el mandatario negó que estuviera atacando a la prensa libre. Sostuvo que su ofensiva está dirigida contra las “noticias falsas”, que calificó como una amenaza para la seguridad nacional.
La controversia va más allá de una disputa entre un presidente y medios cuya cobertura le desagrada. La Primera Enmienda establece que el Congreso no puede aprobar leyes que restrinjan la libertad de expresión o de prensa, protección que la jurisprudencia estadounidense ha extendido frente a actuaciones gubernamentales destinadas a castigar determinados puntos de vista.
Eso no significa que cualquier periodista tenga un derecho constitucional ilimitado a entrar al Despacho Oval, viajar en el Air Force One o participar en todos los actos presidenciales. La Administración conserva capacidad para regular el acceso, particularmente a espacios restringidos y por razones legítimas de seguridad.
Pero existe una diferencia fundamental: una vez que el Gobierno establece instalaciones y un sistema regular de acreditaciones para periodistas, los tribunales han determinado que no puede excluir arbitrariamente a profesionales de la prensa por el contenido de su trabajo.
Ese principio quedó establecido en Sherrill v. Knight, una sentencia de 1977 de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El tribunal determinó que el acceso a las instalaciones de prensa de la Casa Blanca no podía negarse arbitrariamente y que la retirada o denegación de una acreditación requería garantías procesales, entre ellas informar las razones y permitir al periodista responder. La decisión vinculó esas garantías tanto con la Primera como con la Quinta Enmienda.
Por eso, la acusación central de CNN, MS NOW y Politico tiene una dimensión constitucional concreta. Los demandantes sostienen que sus credenciales fueron revocadas por el contenido y el punto de vista de sus informaciones y sin aviso ni procedimiento previo. Si un tribunal determina que esa fue efectivamente la razón del veto, la medida enfrentaría directamente la jurisprudencia que prohíbe al Gobierno discriminar a periodistas por sus opiniones o cobertura. La ausencia de un procedimiento previo también plantea interrogantes bajo la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Trump ya se enfrentó a los tribunales por una decisión similar durante su primer mandato. En 2018, la Casa Blanca retiró la acreditación al entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el presidente durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó restituir temporalmente su credencial.
Por Norberto Rubio