La promulgación de la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, ha encendido una legítima preocupación en amplios sectores productivos del país, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). No se trata de cuestionar la importancia de una adecuada gestión ambiental, un objetivo que todos compartimos, sino de advertir que esta normativa, tal como ha sido concebida, impone una carga económica excesiva y desproporcionada para quienes sostienen la economía real. En la práctica, la ley introduce un impuesto directo sobre las ventas, sin considerar la frágil realidad financiera de miles de negocios que operan con márgenes mínimos y limitado acceso al crédito formal.
Las MIPYMES no solo generan la mayor parte del empleo formal e informal del país, sino que también son el principal vehículo de movilidad social y emprendimiento. Sin embargo, esta ley coloca sobre sus hombros una obligación que muchas no podrán cumplir, empujándolas a la informalidad o, peor aún, al cierre definitivo. En un contexto económico marcado por la desaceleración del crecimiento, el aumento de costos operativos y la reducción del consumo, imponer nuevas cargas sin un análisis real de impacto económico resulta, cuando menos, irresponsable.
Más preocupante aún es que la Ley 98-25 rompe principios fundamentales del sistema tributario y económico, como la equidad, la igualdad ante la ley y la capacidad contributiva. No es razonable ni justo que se aplique el mismo esquema de pago a empresas con niveles de facturación radicalmente distintos: paga igual quien vende cien millones de pesos al año que quien factura veinte mil millones o más. Este enfoque ignora la realidad empresarial del país y vulnera el principio de libre empresa, al distorsionar la competencia y castigar desproporcionadamente a los más pequeños.
El país necesita políticas públicas que promuevan la sostenibilidad ambiental, sí, pero también que protejan la sostenibilidad económica y social. Ambas no son excluyentes. Una legislación equilibrada debe reconocer las diferencias entre grandes corporaciones y MIPYMES, establecer esquemas progresivos, períodos de adaptación razonables y mecanismos de apoyo que permitan cumplir sin asfixiar al sector productivo.
Por ello, este es un llamado firme y responsable a la clase política y a los tomadores de decisiones para que revisen y corrijan los efectos de esta ley. Escuchar a las MIPYMES no es ceder a presiones, es actuar con sensatez y visión de país. Porque legislar de espaldas a quienes generan empleo y riqueza es legislar contra el desarrollo, la estabilidad social y el futuro económico de la nación. Bernardo Espinosa Familia. Asesor Fiscal y Financiero