Aunque el Gobierno dominicano defendió la protección de su producción arrocera ante Estados Unidos, terminó derogando el decreto que la mantenía. La decisión, conocida en este mes, se suma a otras disposiciones que el Gobierno dominicano ha tenido que tomar frente a la administración de Donald Trump, como emitir un decreto para prohibir importaciones vinculadas al trabajo forzoso mientras intenta, aún sin éxito, negociar los aranceles que afectan a las exportaciones dominicanas.
El Decreto 635-26, emitido el pasado 9 de septiembre, dejó sin efecto el 693-24, que permitía importar sin aranceles solo 23,300 toneladas de arroz estadounidense y aplicaba un 99 % fuera de esa cuota. Washington reclamaba cumplir el calendario del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), que contemplaba la liberalización del cereal desde enero de 2025.
Cinco días antes de derogarlo, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró en una actividad en Bávaro que intentaba convencer a Estados Unidos de que afectar el arroz dominicano iba contra los intereses estadounidenses. El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) hizo público su interés en la derogación y en negociar un acuerdo de comercio recíproco.
El USTR hizo pública su posición dos días después de que el Gobierno emitiera el decreto con el que eliminara la salvaguarda, aunque no fue sino hasta este martes cuando la dio a conocer públicamente.
Estas diferencias comerciales se vienen dando desde hace más de un año: El 2 de abril de 2025, Trump anunció un arancel del 10 % a los productos dominicanos que ingresaran a su territorio, como parte de su nueva política comercial, aplicándolo desde el día 5.
Abinader solicitó la exoneración, invocando el tratado comercial, y una delegación llevó esa petición a Washington. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó mediante una orden ejecutiva en julio de ese año que la República Dominicana continuaba entre la lista de países a los que se les impondría el arancel, mientras el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) afirmaba que las gestiones avanzaban.
En febrero de 2026, tras la anulación judicial de los aranceles basados en la ley estadounidense de poderes de emergencia, el gigante norteamericano estableció una tarifa temporal del 10 %, con excepciones para textiles y confecciones que cumplieran el DR-Cafta.
Esta tarifa temporal estuvo en vigencia hasta el 23 de julio, misma fecha en la que el USTR anunció una nueva tarifa arancelaria a 60 economías por impedir la prohibición eficaz del ingreso de mercancías cuya producción estuviera directamente vinculada con el trabajo forzoso.
A la República Dominicana se le impuso una tarifa de 12.5 %, quedando entre las economías con mayor tasa, pues otros países (como Guatemala, Honduras o El Salvador), recibieron un arancel de 10 %.
Esa misma noche, y en respuesta a esa decisión, Abinader emitió el Decreto 502-26, con el que estableció la creación de un procedimiento para identificar y bloquear estas mercancías.
Por Norberto Rubio