La primera emisión de deuda soberana de la República Dominicana en los mercados internacionales, realizada en 2001, todavía suscita opiniones que mezclan cuestionamientos legítimos con juicios formados sin considerar plenamente el contexto de entonces. Como participé en algunas etapas de la evaluación, ejecución y administración de esos recursos, puedo aportar una perspectiva directa sobre la operación y la forma en que se administraron sus fondos.
¿Por qué volver sobre una decisión adoptada hace más de veinte años? Porque aún persisten mitos y versiones incompletas sobre aquella operación, cuya trascendencia para el país todavía no se comprende plenamente. Y surge una segunda pregunta: ¿cómo se habrían atendido algunas necesidades financieras del Estado si el país no hubiese contado con una opción de financiamiento más flexible y rápida? Para responderla, es necesario considerar las restricciones fiscales y presupuestarias de entonces, la urgencia de obtener recursos y la necesidad de fortalecer las reservas internacionales.
La evaluación de aquella emisión consideró el costo, el plazo, la moneda y el perfil de vencimientos de la operación; su efecto sobre la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas; las alternativas disponibles; el riesgo soberano, y el destino y control de los recursos. A partir de ese marco, examino cinco prejuicios que acompañaron la discusión y expongo los fundamentos que, a mi juicio, sustentaron aquella decisión.
Prejuicio 1. Toda deuda soberana era perjudicial
En aquel entonces, algunos grupos sociales consideraban que endeudarse en los mercados internacionales era indeseable por definición. Sin embargo, esta propuesta no podía evaluarse únicamente por la existencia de la deuda. Era necesario examinar para qué se contrataba, en qué condiciones, cuál era la capacidad de pago del país y cómo se administrarían los recursos. La emisión se fundamentó en ese análisis, como corresponde a cualquier decisión de financiamiento público.
Prejuicio 2. El Estado no debía acudir a los mercados como lo hacía el sector privado
En ese momento, esa objeción partía de una separación demasiado rígida entre las fuentes de financiamiento. El Estado valoró las distintas opciones disponibles, es decir: las multilaterales, bilaterales y de mercado, según sus condiciones, plazos, oportunidad y efectos fiscales. La comparación se realizó con criterios rigurosos, sin descartar de antemano una fuente que podía ampliar las alternativas del país.
Prejuicio 3. La emisión fue demasiado cara
El costo se cuestionó, en ocasiones, a partir de una cifra aislada. Sin embargo, el diferencial pagado, de 569 puntos básicos, se analizó tomando en cuenta la calificación de riesgo de la República Dominicana, los diferenciales que pagaban otros emisores de la región y la prima que normalmente acompañaba a una primera emisión soberana. La operación se estructuró por US$500 millones, un monto que respondía también a la escala necesaria para que el bono funcionara como referencia en el mercado. El plazo era de cinco años y la tasa, de 9.5 %. Esas condiciones se evaluaron frente a las que el país podía obtener en aquel momento, no frente a las que alcanzaría después de ganar experiencia y reputación en el mercado.
El contrato estableció una comisión de 0.5 % para J. P. Morgan, equivalente a US$2.5 millones, por los servicios de estructuración y los demás servicios profesionales incluidos en la operación. Por ello, en la cuenta del Banco Central se recibieron US$497.5 millones. Este dato ayuda a distinguir el costo documentado de otras versiones que circularon sobre el manejo de la emisión.
Por Norberto Rubio