Cada año, con motivo de la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), el debate sobre los subsidios vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda económica nacional. En el caso de la República Dominicana, uno de los asuntos más sensibles es el subsidio a la electricidad, debido a su impacto sobre las finanzas públicas, las empresas distribuidoras y los hogares. La discusión no consiste en determinar si el Estado debe proteger a la población frente a choques externos, sino en definir qué subsidios deben mantenerse, quiénes deben recibirlos y durante cuánto tiempo.
El problema tampoco se limita al sector eléctrico. Los subsidios a los combustibles han constituido durante los últimos años un mecanismo recurrente para amortiguar las variaciones de los precios internacionales del petróleo. En 2022, por ejemplo, el Gobierno destinó alrededor de RD$35,070 millones a subsidiar los combustibles; en 2023 la cifra descendió a RD$15,727 millones, mientras que en 2024 ascendió nuevamente a RD$16,294.4 millones. En 2025 se ejecutaron RD$11,555 millones. Para 2026, la volatilidad internacional volvió a elevar considerablemente el esfuerzo fiscal: al 17 de julio se habían destinado RD$40,200 millones.
El subsidio eléctrico constituye un problema más estructural. El país ha avanzado desde la aprobación del Pacto Eléctrico de 2021, pero el ajuste de las tarifas quedó incompleto. El FMI señala que las tarifas aumentaron 25% entre octubre de 2021 y junio de 2022, pero todavía se encontraban aproximadamente 30% por debajo del nivel necesario para recuperar costos. El costo presupuestario del sector eléctrico alcanzó 1.4% del PIB en 2024.
El problema tampoco es exclusivamente tarifario. Las pérdidas de distribución, la morosidad, las conexiones ilegales, la ineficiencia operativa y la dependencia de combustibles importados amplifican el costo fiscal. El FMI estima que el déficit del sector eléctrico promedió alrededor de 1.5% del PIB entre 2022 y 2024 y que una parte importante corresponde a subsidios generalizados y pérdidas no técnicas.
Por tanto, la reforma no debe reducirse a subir la tarifa. Debe incorporar simultáneamente reducción de pérdidas, mejoría de la gestión de las empresas distribuidoras, inversiones en redes, medición efectiva del consumo, fortalecimiento de la regulación y una política de subsidios focalizados.
La magnitud de estos recursos demuestra que el subsidio eléctrico ya no puede considerarse solamente una medida temporal de protección social. Es también una decisión de asignación presupuestaria: cada peso destinado a cubrir ineficiencias del sistema es un peso que no puede destinarse a inversión pública, salud, educación o infraestructura.
La experiencia de los combustibles muestra que los subsidios pueden ser útiles frente a choques extraordinarios. En 2022, por ejemplo, las autoridades estimaron que la política de subsidios contribuyó significativamente a contener el impacto inflacionario. Sin embargo, cuando una medida temporal se prolonga, pierde progresivamente su carácter excepcional y se convierte en un compromiso fiscal recurrente.
En 2026 esta discusión ha adquirido nuevamente relevancia. El Gobierno ha tenido que aumentar el subsidio semanal debido al incremento internacional del petróleo asociado a la crisis en Medio Oriente. En julio, una sola semana requirió RD$875.3 millones, llevando el acumulado del año a RD$22,198.3 millones.
Los subsidios vinculados a los alimentos requieren un tratamiento diferente. En momentos de inflación internacional pueden proteger tanto al consumidor como al productor. Durante 2022, por ejemplo, el Gobierno destinó RD$4,448 millones a la producción y comercialización de alimentos, incluyendo fertilizantes, harina, pollo y programas de comercialización mediante INESPRE.
Desde 2023 la presión disminuyó. En ese año se ejecutaron RD$1,883 millones en subsidios directamente clasificados como alimentos, además de RD$1,000 millones aproximadamente en fertilizantes. En 2024 se registraron RD$1,536 millones para harina, RD$375 millones para fertilizantes y RD$196 millones para pollo.
Por Norberto Rubio