Aunque muchos políticos de todas las banderas acostumbran a denostar el Banco Central de la República Dominicana con el calificativo de “república independiente”, lo cierto es que los observadores más objetivos de la realidad nacional reconocen que precisamente la autonomía reforzada a nivel constitucional y de su ley super orgánica, la Ley Monetaria y Financiera (LMF), y la práctica institucional de ese ente desde su fundación en 1947 y, sobre todo, desde los inicios de la democracia dominicana tras el ajusticiamiento de Trujillo, es uno de los activos más importantes no solo de la economía dominicana sino de nuestra institucionalidad democrática.
Y la gran dimensión de este activo es ostensible con tan solo ver la consecución del objetivo constitucional del Banco Central que no es más que “velar por la estabilidad de precios” (articulo 228 de la Constitución). Este objeto constitucional convierte al Banco Central en un defensor de la estabilidad de precios, lo que no significa que el ente emisor de la moneda la logre, pues ella depende del comportamiento de los diferentes actores económicos nacionales e internacionales, sino mas bien que el Banco intenta atenuar los efectos negativos que para la salvaguarda de ese objetivo se derivan de esos comportamientos. Precisamente, la autonomía del Banco Central como “independiente defensor de la moneda” (C. T. Samm) viene exigida por la necesidad de neutralidad que debe caracterizar a una institución cuya misión esencial consiste en transformar el poder decisorio en materia monetaria en una zona estatal despartidarizada. Solo así es posible lograr la necesaria estabilidad macroeconómica sin la cual no es dable un crecimiento económico sostenido y sostenible. Esa autonomía reforzada del Banco Central solo puede lograrse a través de la independencia y estabilidad de sus órganos, en especial de su Junta Monetaria, cuyos miembros son designados por un periodo y no están sujetos a libre remoción sino a aquella proveniente de las causales establecidas en la LMF (articulo 226 de la Constitución).
El anterior ha sido el fundamento jurídico e institucional que ha permitido que, bajo la gobernación de Héctor Valdez Albizu, se hayan alcanzado muy buenos resultados en base al esquema de metas de inflación, como bien lo reconoce un economista experto, antiguo gobernador del Banco Central, de la talla de Bernardo Vega, a quien no se le puede sindicar de parcializado con la magnífica Administración del presidente Danilo Medina ni con la excelente gobernación de Valdez Albizu, quien señala recientemente en este mismo medio, lo siguiente:
“La estrategia dominicana ha sido exitosa ya que durante siete años se ha logrado no exceder la meta de inflación y es probable que en el 2019 ocurra lo mismo, pues la inflación proyectada se cree que no pasará del 4%. Es cierto que durante cuatro de los siete años la inflación estuvo por debajo de la meta y algunos podrían pensar que convendría haber estimulado más a la economía para así lograr más empleo y crecimiento, pero la realidad es que fueron años de niveles extraordinarios de crecimiento, de los más altos de América Latina y un mayor estímulo podría haber chocado con los límites potenciales de crecimiento” (“Las metas de inflación y devaluación”, 26 de noviembre de 2019).
Esta preciada estabilidad macroeconómica, que no puede darse al margen de la política fiscal del Gobierno Central, tiene, sin embargo, su pieza fundamental en el Banco Central, en su Junta Monetaria, en su alto personal, y en su Gobernador, en este caso Valdez Albizu quien, junto con Diógenes Valdez, por la duración y estabilidad de sus mandatos, han sido los dos pilares históricos de esta institucionalidad monetaria, que descansa en un Gobernador que es, a la vez, presidente de la Junta Monetaria y, por ende, de la Administración Monetaria y Financiera, y presidente ejecutivo del ente emisor. Esta institucionalidad hay que cuidarla, sobre todo, frente a los vaivenes propios de la política partidaria en elecciones, porque ella es la clave de la confianza, confianza que, en los mercados financieros, como en el matrimonio, se pierde cuando se pierde la confianza. El Partido de la Liberación Dominicana, pero en especial el presidente Medina, ha sido muy respetuoso de esa institucionalidad, como lo es el gobernador Valdez Albizu, cuya personalidad y gestión han sido, son y seguirán siendo claves para la preservación de este verdadero oasis institucional en el cuadro de nuestra Administración Pública, eje crucial para el desarrollo económico, para el crecimiento y para la atracción de la inversión nacional y extranjera.