El 23 % de los usuarios de internet de entre 12 y 17 años en República Dominicana, unos 272,000 adolescentes, enfrentó alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante los últimos 12 meses. El resultado coloca al país con el nivel más alto entre las 12 naciones analizadas en el estudio Disrupting Harm, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ecpat International e Interpol.
Junto a este dato, el análisis identifica las principales formas de violencia sexual que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
WhatsApp, Facebook e Instagram se encuentran entre las redes sociales más mencionadas, aunque también se registraron casos vinculados a plataformas de videojuegos.
“Detrás de estas cifras hay niñas, niños y adolescentes cuya confianza fue vulnerada. No podemos colocar sobre ellos la responsabilidad de protegerse en un entorno que debe ser seguro por diseño”, afirmó Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana.
Además de esta nación, también se estudió a Brasil, Colombia, México, Montenegro, Marruecos, Macedonia del Norte, Pakistán, Serbia, Túnez, Armenia y Jordania.
La baja tasa de denuncia representa uno de los mayores retos identificados por la investigación. Menos del 1 % de los casos se denunció ante la Policía Nacional, mientras que el 2 % acudió a líneas de ayuda o trabajadores sociales.
Entre las principales razones de estas pocas acusaciones, que afecta tanto a zonas rurales como urbanas, el 22 % de los menores encuestados manifestó que no supo dónde ir o a quién decirlo; el 17 % señaló la vergüenza y el 14 % el miedo a meterse en más problemas.
De acuerdo a Geny Lozada, oficial de Protección de Unicef, el estudio muestra que en el 68 % de los casos, el agresor era una persona conocida. El 16 % correspondió a amistades o personas conocidas; el 14 % a amistades menores de 18 años y otro 14 % a familiares adultos.
En el 18 % de los casos, el individuo responsable era desconocido.
Para Unicef, la baja tasa de denuncia evidencia la necesidad de “contar con mecanismos accesibles y seguros para reportar estas situaciones, además de instituciones preparadas para recibir las denuncias, investigar los hechos y garantizar una respuesta adecuada” a las víctimas.
Por Norberto Rubio