La jueza suplente del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, declaró inadmisible la acusación del Ministerio Público y de querellantes contra dos hermanos imputados de apropiarse, de manera irregular, de unos terrenos en Higüey por los cuales el Estado pagó más de 4 mil millones de pesos al declararlo de utilidad pública.
El pago de los terrenos a los hermanos Emir y Ana Linda Fernández De Paola se hizo durante la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, pero la acusación se separó del expediente contra el exfuncionario por situación de salud de Ana Linda.
La magistrada Potentini declaró inadmisible la imputación contra los hermanos al establecer que contra ellos hay una doble persecución porque se le conoce un proceso con los mismos hechos y por las mismas partes en Hato Mayor.
El abogado José Amado Javier Bidó, quien representa a los verdaderos sucesores del finado Alessandro de Paola Sangionvanni, cuyos terrenos fueron vendidos por los Fernández De Paola al Estado, dijo que no forman parte del proceso que se les sigue a los acusados en Hato Mayor, por lo que, entiende, la decisión es errónea.
Agregó, además, que el proceso en el este es por falsificación de actas de nacimiento por los hermanos Fernández para estos aparentar ser los legítimos herederos de Alessandro.
Javier Bidó sostiene que los argumentos de la jueza son erróneos porque en el este, los hermanos son perseguidos por falsificación de actas y en el Distrito Nacional el Ministerio Público y los querellantes los acusa de usar esos documentos para cobrar el dinero de la sucesión y por usurpar calidades falsas.
Por su parte, el abogado de la defensa, Gabriel Brugal, aseveró que el proceso en el Distrito Nacional es con los “mismos hechos” y las mimas partes y que fue fallado por un tribunal de primer grado en Hato Mayor.
Brugal añadió que el Ministerio Público apeló la decisión de primer grado que favoreció a Emir y Ana Linda Fernández De Paola.
Asimismo, el fiscal del Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Miguel Collado, adelantó que apelarán la resolución de Potentini.
En otro orden, el juicio de fondo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros exfuncionarios, fue aplazado este lunes por el Tercer Tribunal Colegiado para el miércoles 30 de este mes porque el abogado del excontralor general Daniel de Jesús Caamaño, quien es uno de los imputados, presentó un certificado que avala una licencia médica de su representado.
Por Norberto Rubio