La regulación de la libertad de expresión, las penas por difamación y los desafíos de la inteligencia artificial centraron una mesa redonda celebrada la noche de este martes en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), con participación de especialistas dominicanos y franceses y el expresidente de la República, Leonel Fernández.
El fundador y presidente de Funglode, Leonel Fernández, propuso articular las normas sobre medios de comunicación en un código de la comunicación. Consideró que las disposiciones sobre esta materia, incluidas en el Código Penal, deberían estar en una legislación especializada.
“Eso no ha debido discutirse en el marco del Código Penal, sino en la ley especial”, expresó el exmandatario. También planteó la necesidad de regular la radio y la televisión y armonizar esas disposiciones con las relativas a telecomunicaciones, cine, redes sociales y plataformas digitales.
El magistrado Namphi Rodríguez repasó la evolución histórica de la libertad de expresión en República Dominicana y los intentos de reformar su legislación. Destacó que la Constitución de 2010 amplió el reconocimiento de las facultades de buscar, recibir y difundir información.
“El gran desafío que tenemos…es la construcción en la sociedad dominicana de un diálogo”, afirmó. Señaló que esa discusión debe considerar las referencias internacionales y la concentración de poder en las principales plataformas tecnológicas.
La catedrática francesa Farah Safi cuestionó las penas de prisión por difamación y advirtió sobre la coexistencia de disposiciones del Código Penal y la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
“La prisión obstaculiza tanto la libertad de informar como la de ser informado”, sostuvo. Reclamó corregir la duplicidad normativa para evitar incertidumbre sobre las sanciones aplicables y garantizar que la libertad siga siendo la regla.
El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Hermógenes Acosta abordó la doctrina de la real malicia y los estándares internacionales sobre delitos de prensa.
“No basta con demostrar que lo que se dijo era mentira”, explicó. Añadió que debe acreditarse mala fe o absoluta negligencia al verificar, y expuso los criterios internacionales que reservan las sanciones penales para situaciones excepcionales.
La profesora Valérie Malabat examinó la responsabilidad de plataformas y usuarios, y defendió una intervención penal mínima.
Por Norberto Rubio