Las fronteras han dejado de ser para muchos países simples puntos de control migratorio. El avance del crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas y personas y otras amenazas a la seguridad nacional lleva a gobiernos de América Latina y Europa a cerrar pasos, levantar barreras físicas, desplegar militares e incorporar drones, cámaras y sistemas biométricos.
República Dominicana figura entre los países latinoamericanos que han profundizado esa estrategia, condicionada por la prolongada crisis de Haití. Pero no está sola. Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia han endurecido sus fronteras bajo circunstancias y modalidades diferentes.
No todos han dispuesto cierres totales a extranjeros. Algunos clausuraron determinados pasos, restringieron el ingreso irregular o reforzaron las condiciones de entrada. El elemento común es que la frontera adquiere una dimensión creciente de seguridad nacional.
República Dominicana comparte con Haití una frontera terrestre de unos 390 kilómetros y tiene al otro lado un Estado afectado por una profunda crisis institucional y de seguridad, con amplios territorios bajo influencia de grupos armados.
El Gobierno de Luis Abinader ha respondido con una estrategia que combina presencia militar, controles migratorios y la construcción de una verja perimetral inteligente iniciada en 2021.
La infraestructura incluye vigilancia electrónica, puestos militares y mecanismos biométricos. Las autoridades sostienen que ha reducido el tránsito irregular y delitos como contrabando, narcotráfico y robo de ganado.
En enero de 2026, el Ministerio de Defensa informó que en las áreas intervenidas las actividades ilícitas habían disminuido aproximadamente un 85 %.
El control se extiende al interior del territorio y a los puntos de entrada. Entre enero y agosto de 2026, República Dominicana deportó 265,412 extranjeros en condición irregular, prácticamente todos hacia Haití. En julio, además, Migración negó la entrada por puertos y aeropuertos a 116 extranjeros, incluidos 28 considerados riesgos para la seguridad nacional.
Perú también ha colocado la relación entre migración y seguridad entre sus prioridades.
Las autoridades reforzaron la presencia policial y militar, aumentaron los patrullajes e instalaron cámaras en zonas fronterizas. A comienzos de 2026, la Cancillería advirtió que no permitiría el ingreso de migrantes irregulares y señaló que coordinaba acciones con Chile.
Por Norberto Rubio