Las elecciones de medio término en Estados Unidos no solo definieron la composición del Congreso y otros cargos públicos. Los votantes también decidieron sobre derechos reproductivos, impuestos, educación y otras cuestiones que afectan directamente a la población, mientras el resultado legislativo, que favorece al partido Demócrata, tendrá implicaciones para el futuro de los programas de asistencia social.
Cuatro estados votaron sobre el aborto, un asunto que adquirió mayor relevancia desde que la Corte Suprema eliminó en 2022 su protección constitucional federal.
En Virginia y Nevada, los electores aprobaron medidas para incorporar garantías sobre el derecho al aborto en sus constituciones. Missouri rechazó una propuesta que pretendía revertir las protecciones reproductivas aprobadas en 2024, mientras que Idaho votó en contra de una iniciativa que buscaba ampliar el acceso a este procedimiento.
Según KFF, organización especializada en políticas sanitarias, las consultas estatales se han convertido en un mecanismo para proteger o restringir el aborto después de la decisión de la Corte Suprema. Las reformas constitucionales tienen especial importancia porque son más difíciles de modificar que las leyes ordinarias.
El futuro de Medicaid, que proporciona cobertura sanitaria a personas de bajos ingresos, y SNAP, destinado a la asistencia alimentaria, también estuvo vinculado a la disputa por el control del Congreso.
Ambos programas fueron modificados por una ley fiscal y presupuestaria promulgada por Donald Trump en julio de 2025, que introdujo nuevos requisitos laborales y restricciones de acceso para determinados beneficiarios.
La Brookings Institution advirtió, en un análisis publicado en abril de 2026, que las exigencias laborales de SNAP reducen la participación en el programa sin que la evidencia más sólida demuestre un aumento del empleo.
Por su parte, KFF, basándose en estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, señaló que los nuevos requisitos laborales de Medicaid representarán una parte importante de la reducción prevista del gasto federal en ese programa.
Los defensores de las reformas sostienen que buscan controlar el gasto público y promover el empleo, mientras sus críticos alertan sobre la pérdida de beneficios para hogares vulnerables.
Aunque estas ayudas no fueron sometidas directamente a votación nacional, la nueva composición del Congreso influirá en las posibilidades de revisar su financiación y las condiciones de acceso.
Por Norberto Rubio