Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron este lunes garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país a propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum, en la cual se ocuparon armas de guerra y de uso prohibido en el país.
La acción fue llevada a cabo por el Ministerio Público contra negocios vinculados a la comercialización ilícita de armas de fuego y pertrechos.
En el Distrito Nacional, la garantía económica más elevada fue impuesta a Braulio Veras Rodríguez, por 4 millones de pesos, seguida de Henry Leónidas Tejeda Peralta, por 3.5 millones de pesos y Alexis Díaz Rodríguez, por 3 millones de pesos.
También fueron fijadas garantías de 2 millones de pesos a Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena, mientras que Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alfonso Quezada deberán pagar 1 millón cada uno, conforme a una nota de prensa.
En el transcurso de los allanamientos fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas, cortas tipo pistola y revólveres, incluyendo una cantidad considerable sin ningún tipo de documentación ni constancia de su origen
En el transcurso de los allanamientos fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas, cortas tipo pistola y revólveres, incluyendo una cantidad considerable sin ningún tipo de documentación ni constancia de su origen
A todos los imputados se les impuso, además, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que atribuye a los imputados violaciones a los artículos 66, párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Estos artículos tipifican, entre otras conductas, la tenencia ilícita, el acopio o almacenamiento ilícito de armas de fuego y municiones y la intermediación ilícita. Por estos hechos, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión.
En Santo Domingo Este también fueron impuestas medidas de coerción contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
Por Norberto Rubio