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Santo Domingo

Operación Guepardo: acusación penal por lavado de activos

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El Ministerio Público informó que presentará acusación penal contra los imputados de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de activos y a la estafa electrónica mediante un esquema inmobiliario, desmantelada durante la Operación Guepardo.

El órgano persecutor dijo que presentará la acusación este viernes, 16 de octubre, ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana.

La acusación se sustenta en más de 1,660 pruebas, conforme indicó la institución.

Por el caso son acusados Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.

Las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL son señaladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.

Según la investigación del Ministerio Público, fueron documentadas más de 426 víctimas con afectaciones directas, entre ciudadanos nacionales y extranjeros.

El expediente señala que los imputados integraron una estructura organizada que utilizaba distintas empresas, entre ellas Novasco Real Estate SRL, RE/MAX One y Rodeca Marketing Group, para promover y comercializar proyectos inmobiliarios que, según la investigación, carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución.

El Ministerio Público atribuye a los imputados distintos niveles de participación dentro del esquema, incluyendo la organización y beneficio de las operaciones, promoción y comercialización de proyectos, administración empresarial, suscripción de contratos, canalización de fondos, manejo contable de recursos y atención de reclamaciones de adquirientes.

Explicó que las distintas actuaciones de la estructura estaban dirigidas a captar fondos de numerosas víctimas mediante la oferta de proyectos inmobiliarios fraudulentos, obtener beneficios económicos y realizar operaciones destinadas a ocultar, administrar y disfrutar de los recursos obtenidos.

Las autoridades dominicanas están a la espera de la respuesta oficial de Colombia para la extradición de las imputadas.

Por Norberto Rubio

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