La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Army Ferreira consideró necesario impulsar un cambio cultural desde la familia, la sociedad y el sistema educativo para erradicar la violencia de género e intrafamiliar, al advertir que la creación de leyes por sí sola no es suficiente para enfrentar este problema.
Ferreira hizo el planteamiento durante su participación en el panel “Rompiendo el silencio: un análisis jurídico y social de la violencia doméstica en la República Dominicana”, realizado como parte del quinto viaje de una delegación oficial de senadores del estado de Nueva York a República Dominicana, encabezada por el senador Luis Sepúlveda.
La jueza constitucional sostuvo que el país cuenta con un marco normativo adecuado y forma parte de importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, señaló que todavía persisten patrones culturales que reproducen desigualdades.
En ese sentido, planteó la necesidad de desmontar estereotipos y promover una cultura de igualdad que reconozca las capacidades de las mujeres para participar y liderar en los distintos ámbitos de la sociedad.
Ferreira señaló que una de las ideas arraigadas en muchos hogares es la concepción de que el hombre es la cabeza de la familia, una premisa que, a su juicio, puede influir en la manera en que son educadas las niñas y en las expectativas que se crean sobre su papel en la sociedad.
“Entonces, partiendo de esta premisa, nuestras niñas son criadas bajo el parámetro de que jamás tendrán la capacidad de dirigir, sino que tienen la necesidad de ser dirigidas. Y esa sola frase es una manifestación sutil de la más grande manifestación de violencia contra la mujer”, expuso.
La magistrada consideró que estas concepciones trascienden el ámbito familiar y pueden reflejarse posteriormente en espacios sociales, económicos y políticos, donde las mujeres todavía enfrentan obstáculos para acceder a posiciones de dirección y toma de decisiones.
Por ello, insistió en que es necesario transformar esas creencias y reconocer a las mujeres como personas plenamente capaces de ejercer funciones de liderazgo en igualdad de condiciones.
La jueza recordó que la Constitución dominicana reconoce el derecho de todas las personas a la integridad física, psíquica y moral, así como a vivir una vida libre de violencia, y condena la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar.
Explicó que la responsabilidad del Estado no termina con la aprobación de leyes, sino que también incluye la prevención, persecución de los agresores, protección de las víctimas y aplicación efectiva de las normas.
Por Norberto Rubio