Los medios de comunicación no pueden ser obligados a borrar noticias veraces, sustentadas en fuentes legítimas y de interés público solo porque su permanencia ocasione perjuicios a la persona mencionada.
Para conseguir la eliminación de una información mediante una acción de hábeas data, el reclamante debe demostrar, como regla general, que los datos son falsos, inexactos o están presentados de manera parcializada, o que proceden de una fuente ilegítima o recibieron un tratamiento contrario a los principios que protegen los datos personales.
Ese criterio ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional (TC) al ponderar dos derechos que pueden entrar en conflicto: el de una persona a controlar sus datos personales y el de los medios a informar sobre asuntos de interés público.
El debate volvió a plantearse en la sentencia TC/0900/26, mediante la cual el Constitucional rechazó un recurso interpuesto por Ronal Beldor contra Grupo Diario Libre y Google LLC.
El exdiplomático haitiano procuraba que fueran eliminadas publicaciones de 2019 que informaban que era investigado en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como “César el Abusador”.
Beldor alegó que la permanencia de esas informaciones le ocasionaba perjuicios económicos y sociales. Para el TC, sin embargo, ese argumento no era suficiente para ordenar su eliminación.
El tribunal determinó que la información publicada procedía de una fuente oficial, trataba un asunto de interés público y no existían elementos que demostraran que fuera falsa.
Además, valoró que las publicaciones informaban sobre una investigación y no presentaban a Beldor como culpable de los hechos.
La decisión no constituye el primer pronunciamiento del Constitucional sobre una petición de este tipo.
En la sentencia TC/0171/20, dictada seis años antes, el tribunal conoció una acción contra el periódico digital Acento presentada por José Walnobi Núñez Martínez, un exoficial del Ejército que buscaba la eliminación de una noticia publicada en 2015 sobre su desvinculación de las Fuerzas Armadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Por Norberto Rubio