La productividad de una provincia no debe medirse solamente por cuánto extrae, cultiva o almacena, sino por cuánto desarrollo consigue producir con cada uno de esos recursos. Sánchez Ramírez reúne oro, agua, agricultura, conocimiento e inversión. Su desafío es convertir esa riqueza en capacidades que permanezcan: empresas más competitivas, familias con autonomía económica, conocimiento transferible, instituciones capaces de resolver conflictos y recursos naturales administrados con visión de largo plazo.
Recorrer Sánchez Ramírez obliga a mirar la productividad desde una perspectiva distinta. La provincia no necesita descubrir sus recursos: los tiene. Posee una de las operaciones mineras más importantes del país, la presa de Hatillo, una extensa tradición agropecuaria y una universidad estrechamente vinculada con su desarrollo. La pregunta relevante es otra: ¿cuánto desarrollo puede obtener de cada unidad de riqueza que ya genera?
La provincia tenía 162,642 habitantes en el Censo de 2022 y, en 2023, el oro representó alrededor del 99 % de sus exportaciones. Esa concentración demuestra al mismo tiempo la magnitud económica de Pueblo Viejo y la necesidad de fortalecer una estructura productiva más diversificada. La minería genera divisas, impuestos, empleos, tecnología y demanda, pero el verdadero salto ocurre cuando esos flujos dejan capacidades capaces de sobrevivir al ciclo minero.
Pueblo Viejo permite dimensionar esa oportunidad. Durante 2025 pagó RD$40,068.6 millones en impuestos directos y regalías. Pero para comprender mejor su impacto territorial me interesa otro indicador: sus compras locales alcanzaron US$48.5 millones durante ese año y acumulaban otros US$31.6 millones a mayo de 2026. A través de programas de desarrollo de proveedores, empresas de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel reciben asistencia para mejorar gestión, planificación, seguridad y capacidad operativa. Solo dentro de Nuevos Horizontes, 97 proveedores locales suministraron bienes y servicios por RD$24.6 millones.
Ahí aparece una buena práctica que merece atención. Una gran empresa puede comprar localmente sin transformar realmente el territorio o puede utilizar su demanda, sus estándares y su conocimiento para elevar las capacidades de quienes le suministran. La diferencia es fundamental. El objetivo no debería ser crear proveedores dependientes de la mina, sino empresas que, después de trabajar con ella, estén en mejores condiciones para competir con cualquier cliente. Una mina tiene una vida útil; una empresa que aprendió a producir mejor puede permanecer durante generaciones.
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Esa misma lógica adquiere una dimensión más humana en Nuevos Horizontes. Al cierre del segundo trimestre de 2026, Barrick reportaba más de 632 viviendas terminadas y 570 familias reasentadas. Durante mi visita me interesó particularmente lo que ocurre después de entregar las llaves: acompañamiento, producción familiar, recuperación de ingresos, educación financiera y reconstrucción de la vida económica. Construir una vivienda es una entrega; restablecer un medio de vida es un proceso. Cuando una familia pierde el entorno donde producía, comercializaba o generaba ingresos, sustituir el activo físico no basta. También hay que recuperar capacidad económica.
Conozco ese proceso desde una dimensión que trasciende la visita reciente. Fue a solicitud tanto de Pueblo Viejo como de las comunidades afectadas que se abrió paso a una mediación pública institucional. En 2025 acompañé ese proceso como Defensor del Pueblo, junto al obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, y con la facilitación del Gobierno dominicano. Existían diferencias sobre terrenos, cultivos, compensaciones, residencias y condiciones del reasentamiento. Después de numerosas reuniones, el 11 de junio de 2025 se alcanzó un acuerdo sobre los asuntos pendientes, con una inversión superior a RD$20,000 millones, incluyendo viviendas, servicios esenciales y planes para restaurar medios de vida y actividades productivas.
Que fueran la empresa y las propias comunidades quienes recurrieran voluntariamente a una mediación pública contiene una enseñanza importante. Las instituciones también producen valor cuando consiguen convertir conflicto en procedimiento, posiciones enfrentadas en compromisos verificables y desconfianza en condiciones para volver a planificar. El conflicto mal gestionado reduce productividad: aumenta incertidumbre, retrasa inversiones, consume recursos y deteriora la confianza necesaria para que familias, empresas y Estado puedan tomar decisiones de largo plazo.
Por eso es posible reconocer buenas prácticas de Pueblo Viejo sin convertir ese reconocimiento en una exoneración. El desarrollo de proveedores, la restauración de medios de vida y el Monitoreo Ambiental Participativo son mecanismos valiosos porque incorporan participación, información y capacidad de verificación. Pero ningún programa social sustituye las obligaciones ambientales. La relación entre minería, agricultura, comunidades y agua debe sostenerse sobre evidencia científica, transparencia, monitoreo y capacidad efectiva del Estado para hacer cumplir las normas.
Por Norberto Rubio