El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, anunció este miércoles su plan prioritario de 100 días centrado en agilizar los procesos penales con tribunales móviles que se ubicarán en las cárceles más congestionadas para evitar el traslado de imputados y de sus familiares y, por ende, los aplazamientos.
Montero también mencionó el sometimiento de un proyecto de ley enfocado en regular la ejecución de sentencias, con el propósito de erradicar las prácticas irregulares que rodean los desalojos y embargos, en los que operan, muchas veces, la inseguridad jurídica y hasta el “vandalismo”.
En un encuentro con periodistas, el nuevo máximo representante del Poder Judicial anunció, entre esas primeras medidas a aplicar en el primer cuatrimestre de su gestión, aumentar el uso de inteligencia artificial con el apoyo de la parte humana, de manera homogénea, para dar respuesta a los casos de alta frecuencia en los tribunales.
Esta iniciativa busca que los procesos sin complejidad —que representan entre un 60% y un 70% de la carga procesal— puedan resolverse utilizando esa herramienta con el respaldo humano, permitiendo que los tribunales dediquen mayor tiempo a aquellos expedientes que lo requieran, explicó.
Sobre las dificultades para ejecutar las sentencias del Poder Judicial, Montero manifestó que esa problemática se ha convertido, sobre todo en el ámbito civil, “en sinónimo de vandalismo” e inseguridad jurídica.
“No quiera usted ser víctima de una ejecución del orden civil, de un desalojo, de un embargo, porque suscitan en múltiples características actuaciones muy indecorosas, muy deleznables que van en contra no solamente de la dignidad humana”, subrayó el presidente de la SCJ.
Recordó que el artículo 149 de la Constitución establece claramente que los tribunales tienen la responsabilidad de administrar justicia y de ejecutar lo juzgado, no al Ministerio Público.
En ese sentido, aseveró que aprovecharán la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0743/25 que así lo confirmó al declarar no conforme con la Constitución la Ley 396-19 y la cual está vigente hasta el próximo año.
Justiniano sostuvo, además, que tendrá su despacho abierto a “cualquier ciudadano” para escucharlo y enrumbar por los trámites legales correspondientes sus quejas, respetando siempre los protocolos y límites establecidos por la ley.”No significa resolver directamente los casos fuera de la ley, sino garantizar que las problemáticas sean escuchadas”, aclaró.
Justiniano sostuvo, además, que tendrá su despacho abierto a “cualquier ciudadano” para escucharlo y enrumbar por los trámites legales correspondientes sus quejas, respetando siempre los protocolos y límites establecidos por la ley.
Por Norberto Rubio