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Santo Domingo

El Estado que dejó de contar

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*Nota del autor. Las cifras centrales de esta serie proceden de documentos oficiales dominicanos, organismos multilaterales y estudios identificados expresamente. Cada afirmación cuantitativa lleva su fuente, fecha, definición y condición de uso en un expediente disponible para cualquier periodista, legislador o lector que lo solicite. Cuando una cifra no ha resistido la verificación, se ha retirado o corregido por escrito. Y lo que aquí se afirma que el Estado no publica se comprobó por última vez en septiembre de 2026: se consigna la fecha porque una ausencia puede dejar de serlo y, si eso ocurre, se corrige igual.

Iba a contar esta historia solo con fechas: la Ley 66-23 de noviembre de 2023, la que abrió la vía para renegociar —en vez de licitar— las concesiones firmadas antes de la Ley de Compras de 2006. La velocidad era el dato.

Estaba incompleto. Tengo el contrato.

Son ochenta y cuatro páginas, notarizadas y rubricadas por las tres partes, encabezadas por la carta con la cual el Presidente lo sometió a Diputados el 20 de noviembre de 2023. Dos años después de aprobado, sigue sin publicarse.

El contrato trae la mejor defensa de sí mismo, y la reproduzco. Su considerando 33 dice que la renovación estaba prevista en la Sección 3.1.2 del contrato de 1999. Los considerandos 32 y 34 sostienen que licitar no era viable porque las obras caían dentro de una concesión vigente, y el 31, que el Estado no tiene con qué hacerlas.

Y aquí retiro un argumento que yo mismo hice. Escribí que si la renovación estaba prevista desde 1999, la Ley 66-23 sobraba. Era un falso dilema: el contrato es de 1999; la Ley de Compras, de 2006. Una cláusula de 1999 puede prever la renovación y una ley posterior exigir licitar de todos modos.

La pregunta no es si fue legal. Es a qué precio se vendieron treinta años, y cómo hace un ciudadano para saberlo.

Esto es lo más importante, y no lo supe hasta leer la Sección 8.2.1.

No hay canon anual. La contraprestación es un pago único de US$775 millones por operar los seis aeropuertos hasta 2060. Después no hay renta periódica.

Lo que sí hay es un «Ingreso Compartido», y conviene leer sus condiciones despacio:

Por Norberto Rubio

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