El Gobierno dominicano enumeró este jueves las acciones implementadas para combatir la trata de personas, tras publicarse el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre este delito, que mantiene al país en el Nivel 2.
El informe, que examina las medidas legislativas y operativas adoptadas por las autoridades, señala que aunque el país está “realizando esfuerzos significativos”, todavía no “no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”.
No obstante, el documento reconoce que el Gobierno dominicano “demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior”.
No obstante, el documento reconoce que el Gobierno dominicano “demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior”.
En una nota de prensa, el Gobierno resaltó como uno de los principales avances la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucran a menores de edad, especialmente aquellos relacionados con la explotación sexual.
También destacó la aprobación y asignación de recursos del presupuesto nacional para la ejecución del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
Entre las medidas adoptadas figura la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.
Según el comunicado, durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 se realizaron consultas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata de personas.
Las autoridades también resaltaron la aplicación del artículo 25 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión por la entrega o explotación de menores de edad.
En materia de persecución penal, el Gobierno destacó la apertura de 229 investigaciones por trata de personas durante 2024 y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la legislación especial.
Por Norberto Rubio